A medida que pasan los días, las diferencias políticas son cada vez más evidentes. Es un juego de doble escenario. Por un lado, muestran la mano de lana, con la que denotan caricias institucionales con aquellos afines a la gestión. Por el otro, surge la mano dura, esa que se aferra a la motosierra y a la resistencia a continuar en un escenario de ajuste permanente, en el que no se vislumbra la luz al final del túnel. Así se desenvuelve la relación Nación-Provincias. “Podemos discutir todo lo que quieran, pero ¿con qué atendemos la salud, la educación, la seguridad, si la Nación no pone un peso?”. La frase del gobernador Osvaldo Jaldo puede sonar a reproche frente a la conducta de la Casa Rosada de cerrar los grifos financieros, más aún tres meses antes de un proceso electoral decisivo. No obstante, de lo poco que se reparte, muy poco en términos de necesidades de aquellos servicios, Tucumán siempre tiene la consideración nacional. Por eso, cada vez que el tucumano lanza sus quejas sobre el mecanismo de reparto, en el entorno del presidente Javier Milei se preguntan cómo tratar a los dialoguistas. En esa pulseada, Jaldo avisó que, más que imposiciones, las provincias requieren respuestas colectivas.
La Rosada abrirá en estos días la temporada de vetos. Es probable que en lo que queda de la semana, Milei rechace leyes de aumento a los jubilados, la prórroga a la moratoria previsional y la emergencia en discapacitados sancionadas en el Congreso. De todas maneras, siempre queda abierta una puerta para la negociación. El Presidente necesita imperiosamente del apoyo de los gobernadores aliados para evitar un escenario adverso en la Cámara de Diputados. De allí que se intensifican los contactos telefónicos para consolidar alianzas. Según trascendió, habría un ofrecimiento del giro de más dinero mediante los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Si bien la Nación sigue sosteniendo que no negocia votos en el Parlamento por recursos, la vieja práctica no está desechada del todo. Las compensaciones financieras tienen la misma discrecionalidad que los repartos políticos. Eufemismos.
Del apoyo al reclamo: Jaldo endurece su postura ante el Gobierno nacionalLa inquietud del tranqueño frente a la nueva realidad fiscal tiene su razón de ser: la caída paulatina, en términos constantes, de los fondos de coparticipación y también de la recaudación de impuestos provinciales, producto de la baja actividad y de las constantes modificaciones tributarias que realiza el Ministerio de Economía de la Nación. Un informe interno del Gobierno estimó que, en el primer tramo del año, la caída real de los fondos de coparticipación federal de impuestos ha sido del 12%. En cuanto a los ingresos de la Dirección General de Rentas, la baja rozó el 2% en el mismo período. Mayo y junio no fueron meses de buena cosecha de transferencias federales, como en otros tiempos.
La odisea financiera no se agota en ese esquema. La mitad del Fondo Anticíclico se consumió para disimular los efectos de un ajuste extendido por todo el territorio nacional. El ajuste mileísta se percibe en el desfinanciamiento de la obra pública y en las múltiples promesas de proyectos que demoran en concretarse. El Poder Ejecutivo tucumano apeló al financiamiento del agente financiero de la provincia para no detener el ritmo del plan de trabajos públicos. Usó poco más de la mitad de los $ 80.000 millones que solicitó al Banco Macro para financiar los trabajos públicos en marcha.
Jaldo, sobre la baja de las retenciones: “Es un buen paso, pero no suficiente”El Fondo Anticíclico también sintió el impacto de los mayores gastos en servicios y de demandas de mejoras salariales en el sector público. En menos de seis meses, aquel ahorro alcanzado desde que Jaldo asumió como gobernador se redujo a la mitad; rondaría los $ 132.000 millones. En el Palacio de Gobierno sostienen que ese dinero servirá para consolidar el esquema financiero hasta fines de año, de tal manera de que los sueldos estatales no tengan contratiempos.
“Tenemos que poner todo el empeño para manejarnos con lo nuestro”, afirmó ayer el gobernador tras una recorrida por obras en Bella Vista. Jaldo ha señalado que es comprensible que el Gobierno nacional esté abocado, el 100% de su tiempo, a sostener las variables macroeconómicas. Sin embargo, ha encendido algunas luces de alerta respecto de sus efectos en las provincias. “Como provincia, tenemos que seguir financiando los servicios que reclaman los ciudadanos, y no podemos esperar por el derrame (de la mejora de las variables macro), porque, cuando nos demos cuenta, ya habrá transcurrido la gestión”, remarcó.
La demanda de servicios no cesa. Según un informe del Ministerio de Economía, dirigido por Daniel Abad, indica que, sólo en lo que va de este año, el Estado provincial tuvo que destinar unos $ 46.500 millones adicionales para obras y para adquirir equipamiento a las fuerzas de seguridad. Sustenta esa inversión en la necesidad de bajar los índices delictivos, tal como se viene evidenciando en el ranking nacional.
En la salud
La afluencia de pacientes a los hospitales y centros de atención públicos ha crecido en torno de un 25%. Las estimaciones oficiales indican que esa mayor demanda implicó una inversión extra de unos $ 15.000 millones en insumos y servicios hospitalarios. ¿Por qué creció la demanda? El ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, lo resume en cuatro factores: el uso del sistema para aquellas familias que quedaron sin ingresos; por obras sociales que brindan cobertura integral y, si las cubre, gran parte de los afiliados no pueden abonar la diferencia; y lo más relevante es la elección de los pacientes en los servicios públicos de alta complejidad. Otro dato no menor: cada vez más habitantes de provincias vecinas acuden a hospitales instalados en Tucumán, al igual que beneficiarios de la obra social PAMI. En el área de Educación se observa casi el mismo fenómeno, ya que se está produciendo un éxodo paulatino de alumnos de colegios privados a escuelas públicas, porque les resulta demasiado onerosa la cuota del colegio.
Jaldo toma distancia del ajuste que aplica la NaciónPese al recorte nacional de partidas, la asistencia social no se ha resentido en la provincia. De acuerdo con el reporte del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Federico Masso, alrededor de 540.000 tucumanos reciben algún tipo de asistencia del Estado provincial. Unos 304.000 casos corresponden a comedores escolares, de los cuales poco más de 100.000 reciben doble prestación alimentaria. Asimismo, en la actualidad, se distribuyeron unas 102.000 tarjetas alimentarias. Fuera de este esquema, otras 100.000 personas meriendan en centros comunitarios administrados por organizaciones sociales e iglesias, entre otras instituciones. La inversión anual llega a los $ 116.000 millones, mientras que la Nación sólo aporta en el año alrededor de $ 8.000 millones para los comedores escolares (menos de una partida mensual para cobertura socioeconómica).
En un año de elecciones, siempre hay propensión a incrementar el gasto público. En esta oportunidad, el margen se ha acotado. Con peluca o sin peluca, el equilibrio fiscal es una necesidad para la provincia. Jaldo sabe que esa es la única manera de sostenerse en el tiempo. A la hora de negociar con la Nación, la libreta de calificaciones es fundamental. La cuestión central es que, en medio de la batalla electoral, necesitará cortarle la corriente a la motosierra. El ajuste ahuyenta votos.